Hacia el año 2000, un 18,5% de la población latinoamericana y caribeña era extremadamente pobre, un 11% presentaba algún grado de subnutrición (cerca de 54 millones de personas) y casi un 8% de los niños menores de cinco años registraban bajo peso para la edad. Aunque estas cifras señalan que el hambre y la inseguridad alimentaria alcanzan niveles menos dramáticos que en las demás regiones en desarrollo, al utilizar indicadores más adecuados para dar cuenta de estos fenómenos en América Latina y el Caribe se obtiene un diagnóstico de mayor gravedad:
la subnutrición afecta a cerca del 22% de la población si se consideran los requerimientos calóricos medios de la población en lugar de los mínimos, mientras que casi un 21% de los niños presenta desnutrición crónica moderada o grave. Sin embargo, las diferencias entre países son muy pronunciadas: las estimaciones de subnutrición de la FAO indican que en siete países más del 20% de la población padece hambre, mientras que en otros seis países no afecta a más del 5% de la población.
Los muy bajos ingresos de amplios sectores de la población y la consecuente falta de acceso al consumo de alimentos en cantidad y calidad adecuadas son una de las causas principales de la inseguridad alimentaria y del hambre en América Latina y el Caribe. En general, se producen en la región alimentos suficientes para satisfacer los requerimientos nutricionales de todos sus habitantes –sólo tres de 23 países producen una cantidad cercana o inferior a 2.200 kilocalorías diarias por persona–, por lo que el problema del hambre tiene más relación con la elevada desigualdad en la distribución del ingreso y del consumo que con la oferta alimentaria insuficiente.
Los problemas de acceso a los alimentos se tornan más complejos en la medida en que la desigualdad se acrecienta por las disparidades entre los habitantes de un mismo país por su localización geográfica, factores étnicos, familiares y de género. Durante los años noventa la desigualdad de acceso al consumo de alimentos se mantuvo o aumentó en casi todos los países de la región, de modo que la reducción de la subnutrición se debió principalmente al incremento de la oferta agregada de alimentos.
La alimentación es reconocida como un derecho humano en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, constituye un instrumento jurídico fundamental para la materialización de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En el artículo 11 de este Pacto, que consagra el derecho a un nivel de vida adecuado, se incluyen la alimentación, el vestido y la “mejora continua de las condiciones de existencia”. Se establece que los Estados partes, “reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para:
a) mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos, mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios, de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales;
b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan”.
Más allá de las posiciones de los países acerca del Pacto, o del alcance de los derechos que reconoce, existe consenso en torno a la noción de derecho a la alimentación. El Pacto consigna que los Estados deberán dar cumplimiento a la obligación de proteger, promover y asegurar el goce de estos derechos de manera progresiva y hasta el máximo de los recursos de que
Un porcentaje elevado de población subnutrida, y especialmente de niños desnutridos, es una forma segura de perpetuar la pobreza extrema. Si bien la lucha contra la pobreza es parte importante del abatimiento del hambre, no cabe esperar que los esfuerzos destinados a reducirla garanticen por sí solos y en un plazo razonable el cumplimiento del primer objetivo de desarrollo del milenio: la erradicación del hambre. Pobreza absoluta y hambre están estrechamente relacionados pero no son fenómenos asimilables, pues una parte de la población afectada por la desnutrición no integra el estrato más pobre de los países y, a su vez, no toda la población de muy bajos ingresos manifiesta las consecuencias más agudas de la falta de alimentos pongan.
Una política social orientada a erradicar el hambre y la desnutrición debe tomar en consideración los problemas de inseguridad y vulnerabilidad a los que está expuesta la población.
Esta política debe propender al logro de la seguridad alimentaria y a minimizar los riesgos a que están expuestos los grupos más vulnerables de la población.
Los muy bajos ingresos de amplios sectores de la población y la consecuente falta de acceso al consumo de alimentos en cantidad y calidad adecuadas son una de las causas principales de la inseguridad alimentaria y del hambre en América Latina y el Caribe. En general, se producen en la región alimentos suficientes para satisfacer los requerimientos nutricionales de todos sus habitantes –sólo tres de 23 países producen una cantidad cercana o inferior a 2.200 kilocalorías diarias por persona–, por lo que el problema del hambre tiene más relación con la elevada desigualdad en la distribución del ingreso y del consumo que con la oferta alimentaria insuficiente.
Los problemas de acceso a los alimentos se tornan más complejos en la medida en que la desigualdad se acrecienta por las disparidades entre los habitantes de un mismo país por su localización geográfica, factores étnicos, familiares y de género. Durante los años noventa la desigualdad de acceso al consumo de alimentos se mantuvo o aumentó en casi todos los países de la región, de modo que la reducción de la subnutrición se debió principalmente al incremento de la oferta agregada de alimentos.
La alimentación es reconocida como un derecho humano en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, constituye un instrumento jurídico fundamental para la materialización de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En el artículo 11 de este Pacto, que consagra el derecho a un nivel de vida adecuado, se incluyen la alimentación, el vestido y la “mejora continua de las condiciones de existencia”. Se establece que los Estados partes, “reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para:
a) mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos, mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios, de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales;
b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan”.
Más allá de las posiciones de los países acerca del Pacto, o del alcance de los derechos que reconoce, existe consenso en torno a la noción de derecho a la alimentación. El Pacto consigna que los Estados deberán dar cumplimiento a la obligación de proteger, promover y asegurar el goce de estos derechos de manera progresiva y hasta el máximo de los recursos de que
Un porcentaje elevado de población subnutrida, y especialmente de niños desnutridos, es una forma segura de perpetuar la pobreza extrema. Si bien la lucha contra la pobreza es parte importante del abatimiento del hambre, no cabe esperar que los esfuerzos destinados a reducirla garanticen por sí solos y en un plazo razonable el cumplimiento del primer objetivo de desarrollo del milenio: la erradicación del hambre. Pobreza absoluta y hambre están estrechamente relacionados pero no son fenómenos asimilables, pues una parte de la población afectada por la desnutrición no integra el estrato más pobre de los países y, a su vez, no toda la población de muy bajos ingresos manifiesta las consecuencias más agudas de la falta de alimentos pongan.
Una política social orientada a erradicar el hambre y la desnutrición debe tomar en consideración los problemas de inseguridad y vulnerabilidad a los que está expuesta la población.
Esta política debe propender al logro de la seguridad alimentaria y a minimizar los riesgos a que están expuestos los grupos más vulnerables de la población.